Política

Avanza una de las causas que más compromete a Macri: El peaje

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Los investigadores secuestraron documentación y material informático para profundizar la investigación por la renegociación de los contratos del Acceso Oeste y de la Panamericana, cuya beneficiaria fue Socma.

El juez Rodolfo Canicoba Corral dispuso procedimientos simultáneos en las oficinas de Autopistas del Sol, Grupo Concesionario del Oeste y Natal, la empresa a la cual Socma le vendió la participación accionaria que tenía en Ausol. “Encontramos lo que fuimos a buscar”, confió uno de los investigadores a PáginaI12. Entre los elementos secuestrados hay documentación y material informático. Los delitos que se se podrían haber cometido son negociaciones incompatibles con la función pública y fraude al Estado.

Los allanamientos fueron ordenados este jueves en varios lugares al mismo tiempo: personal de la División de Delitos de Lavado de Dinero de la Policía Federal se dirigió a la sede social de Autopistas del Sol, en Panamericana y Thames, y también a la del Acceso Oeste, ubicada en Ituzaingó. En simultáneo, personal especializado –entre abogados, contadores y técnicos informáticos-- fue a las oficinas de las empresas en Capital Federal. También hubo un procedimiento en el inmueble donde opera Natal Sociedad Anónima, la firma que a mediados de 2017 se quedó con las acciones que Socma tenía en Ausol.

 

El expediente abierto a mediados del año pasado tiene bajo la lupa la renegociación de los contratos de los peajes del Acceso Oeste y de la Panamericana, cuya beneficiaria fue Socmaempresa emblema de la familia Macri. Con el avance de la pesquisa, el ex presidente, el ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich, el ex titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel y el ex jefe de la Cartera de Hacienda, Nicolás Dujovne, están cada vez más complicados.

En los operativos ordenados por el juez de instrucción número 6, se buscaba específicamente documentación sobre la escandalosa prórroga del contrato sin licitación y pruebas sobre la integración societaria de la concesionaria; además, documentos respecto del reconocimiento para Ausol de unos 500 millones de dólares por parte del Estado y las condiciones en que fue vendida la participación del ex Jefe de Estado en la compañía beneficiada por sus políticas.

Resultado positivo

“Encontramos lo que fuimos a buscar”, confió uno de los investigadores. Entre el material secuestrado en los cinco operativos simultáneos, se recolectaron documentos, fotocopias y discos rígidos. Puntualmente, de las concesionarias se llevaron registros de titularidad de acciones; información societaria; balances y --algo que destacaron fuentes de la investigación-- en Ausol encontraron en fotocopias el acuerdo de renegociación del contrato. El dato cobra relevancia si se toma en cuenta lo declarado por una de las testigos claves de la causa. Julieta Ripoli, ex titular de Jurídicos de Vialidad Nacional, dijo bajo juramento que las condiciones de ese contrato fueron redactadas prácticamente en su totalidad por los abogados de las empresas, lo que implicó amplios beneficios para las concesionarias, en detrimento de los intereses del Estado y de los usuarios.

En tanto, de la sede de Natal S.A. se obtuvieron discos rígidos y material sobre la transferencia de las acciones que eran de Macri. La firma, una empresa familiar dedicada al rubro inmobiliario y agropecuario, no tenía experiencia previa ni conocimiento técnico en temas viales. Sin embargo, a pesar de que supuestamente la concesión estaba por vencer, compró los papeles por un monto millonario, lo que podría indicar que hubo información privilegiada y los compradores sabían que se iba a prorrogar el

contrato por diez años. Además, mientras ex funcionarios de Vialidad afirman que hubo presiones para apurar la venta de las acciones antes de la renegociación de la concesión, el organismo a cargo de Iguacel, modificó las condiciones para permitir que una compañía que no cumplía con los requisitos (experiencia y solvencia económica) pudiera ser adjudicataria.

El rol de Macri

En Tribunales explican que el principal escollo que tiene el caso respecto del rol del expresidente es que Mauricio Macri sólo tenía acciones y no era directivo de Ausol. Incluso, a pesar de haber mantenido las acciones en su poder hasta mediados de 2017, cuando las vende a Natal S.A. un 400 por ciento por encima del valor que tenían antes de llegar a Casa Rosada, antes de la prórroga del contrato y de las subas siderales de las tarifas de peajes. “Es un problema que Macri figure solo como accionista y no como parte del directorio. Porque ahí tenés que probar que tenía una parte o todo el control del dominio del hecho”, explicaron en tribunales.

Sin embargo, hay un hecho que podría complicar al ex mandatario. Se trata de la “ayuda” que buscó darle Laura Alonso, entonces a cargo de la Oficina Anticorrupción, al recomendarle a Macri que no firme el decreto que habilitaba la renegociación de la concesión. Efectivamente, quien puso la rúbrica fue la ex Vicepresidenta, Gabriela Michetti. Desde el juzgado afirmaron que “queda claro que en todo el proceso actuó el Poder Ejecutivo, que es unipersonal. Y con la excusación de Macri recomendada por Alonso está admitido que tenían intereses”.

Mientras tanto, el material incautado en los allanamientos quedó bajo custodia y comenzará a ser analizado en las próximas horas. En base a eso se definirán los próximos pasos de uno de los expedientes más comprometedores para Macri y sus funcionarios. Seguramante, pronto vendrá el turno de las primeras indagatorias. Según pudo saber PáginaI12, todo indica que el debut estará a cargo de los abogados subordinados de Bernardo Saravia Frías, el ex abogado de los Macri que reemplazó a Balbín en la Procuración del Tesoro. “No podían no saber o no estar al tanto de lo que estaban haciendo”, expresaron en Comodoro Py.

Nueva testigo

La causa que comenzó a mediados del año pasado ganó impulso con las declaraciones de varios testigos, entre ellos el ex Procurador del Tesoro, Carlos Balbín; la ex titular de Jurídicos de Vialidad, Julieta Ripoli y el ex titular del extinto Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), Gustavo Gentili.

El próximo martes deberá declarar como testigo la ex Directora Nacional de Asuntos y Controversias Internacionales de la Procuración del Tesoro. Se trata de Silvina González Napolitano, la abogada que estuvo a cargo del trámite por la demanda que la concesionaria le había hecho a la Argentina ante el CIADI, por supuestos atrasos tarifarios.

El objetivo de esta nueva testimonial es profundizar en una de las patas de la pesquisa, que apunta a determinar las condiciones en que el macrismo decidió reconocerle a Ausol la suma de 500 millones de dólares en calidad de inversiones no amortizadas. Abertis --la controlante española-- se había presentado ante el árbitro dependiente del Banco Mundial con un reclamo de mil cien millones de dólares. Sin embargo, en tiempo récord y sin una sola audiencia, el entonces Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich anunció como un gran triunfo que la firma retiraba la denuncia. A cambio, el Estado le reconocía los 500 millones. Napolitano, con diez años de carrera en la Procuración, dejó sorpresivamente su cargo luego de haber defendido los intereses del Estado ante el CIADI.

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Gobierno reperfila el pago del Bono Dual para el 30 de septiembre

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El ministerio de Economía anunció que se pagarán intereses pero se posterga la amortización para el 30 de septiembre. En tanto, las "personas humanas" con tenencias inferiores a un valor nominal de u$s20.000 cobrarán el total.

 Los mercados no comprendieron la estrategia oficial con el tratamiento del bono AF20 y por esta razón su cotización cayó a pesar del comunicado oficial que precisa que el jueves se pagarán los intereses de este Bono Dual estimados en unos $6.400 millones (unos u$s103 millones).

Con una mirada teniendo en cuenta que la negociación hay dos partes que buscan obtener el mejor beneficio, la caída en la cotización de este título beneficiaría indirectamente a la negociación global de la deuda externa que, este miércoles en el Congreso, tendrá su primer capítulo con la exposición del ministerio de Economía, Martín Guzmán.

 

Cabe indicar que en diciembre este título cotizaba A24 40/100 en tanto en esta semana ya se ubicaba en 80-90/100.

 

Claramente los tenedores de este título consideraron poco atractivo dejar la tenencia en dólares para pasar a pesos, razón que llevó al Gobierno a declarar desierta la licitación y postergar el pago de la amortización del capital al 30 de septiembre de este año. Del monto total unos u$s1.637 millones pasan a fines de septiembre u$s1.473 millones.

 

En principio estiman que el 77% de los tenedores son de origen extranjero de los cuales un 45% tienen identificados quienes son (se habla que el Fondo Templeton participaría con un 34% registrado). En principio, algunos acercaron propuestas a los despachos de la Secretaría de Finanzas pero estas “no fueron satisfactorias”.

 

Un dato que se resalta como positivo es que un 40% de los tenedores locales aceptaron la oferta mostrando la voluntad de contar con un instrumento en pesos. En este sentido, para estos bonistas interesados en permanecer en instrumentos en pesos se le ofrecería diferentes instrumentos que tengan como consigna una agenda de pagos sostenible.

 

La intención es contar con más tiempo para incorporar este título con el resto de la reestructuración de la deuda externa.

 

A través de un comunicado el ministerio de Economía aclaró que las "personas humanas" con tenencias inferiores a un valor nominal de u$s20.000 al 20 de diciembre de 2019 no se les postergarán los vencimientos de capital.

 

"La lógica que subyace a esta decisión es sencilla: quien trató al AF20 dual como un bono en dólares recibirá el tratamiento que se le está dando a la deuda en dólares, mientras que quien lo trató o busque tratarlo en el futuro como un bono en pesos, recibirá un tratamiento consistente con el objetivo de reconstruir una curva sostenible de rendimientos en pesos", destacó la cartera económica en un comunicado.

 

"Esta postergación de los vencimientos de capital de este título no afecta ni interrumpe en modo alguno la estrategia de normalización de la curva de rendimientos en pesos", destacó Economía. En el comunicado se insiste en que: "Las condiciones de mercado son tales que esta administración no observa dificultades en cuanto a la capacidad de enfrentar los vencimientos de la deuda en pesos al mismo tiempo que se preserva la consistencia del programa macroeconómico integral, en particular sus componentes fiscales, monetarios y financieros". Al tiempo que advierte a los tenedores de bonos que “este Gobierno no aceptará que la Argentina quede rehén de los mercados financieros internacionales".

 

A modo de repaso, la cartera mencionó que "el bono AF20 fue emitido el 13 de julio de 2018, en el contexto de lo que ya era una profunda crisis económica, cambiaria y de deuda, atando potencialmente los pagos del bono a la evolución del dólar, que es lo que establece el componente dólar linked de este bono dual. Lo que se hizo fue emitir deuda atada al dólar en una situación insostenible, una receta para agravar los problemas".

 

"El 97% de quienes suscribieron el AF20 lo hicieron integrando dólares. Lo que vino después es conocido: el descalabro macroeconómico se profundizó, el peso argentino se depreció significativamente, y consecuentemente la carga de deuda que imponía este bono se elevó a niveles aún más insostenibles", agregó.

 

El Ministerio de Economía, el 3 de febrero ofreció un canje que solo tuvo una adhesión del 10%. La mayoría de los tenedores argumentaron que este instrumento es un bono en dólares, y que el reemplazo de este título solo sería para obtener uno similar (es decir en dólares) a un plazo muy corto, planteo que llevo a las autoridades a rechazar la propuesta.

 

"Este gobierno no va a aceptar que la sociedad argentina quede rehén de los mercados financieros internacionales, ni va a favorecer la especulación por sobre el bienestar de la gente. Quien participó del canje posee ahora una tenencia sostenible, mientras que a los tenedores que decidieron no cooperar les tocará esperar", se explicó.

 

También se aclaró que "esta postergación de los vencimientos de capital no afecta ni interrumpe en modo alguno la estrategia de normalización de la curva de rendimientos en pesos. Las condiciones de mercado son tales que esta administración no observa dificultades en cuanto a la capacidad de enfrentar los vencimientos de la deuda en pesos al mismo tiempo que se preserva la consistencia del programa macroeconómico integral, en particular sus componentes fiscales, monetarios y financieros”.

 

El reperfilamiento del AF20 era una de las opciones que tenía el Gobierno luego de que fracasara el canje la semana pasada y que se declarara desierta la licitación del lunes, que buscaba conseguir fondos para pagar. Resumiendo este jueves se pagaran los intereses del AF20 unos $6.400 millones de pesos como asimismo el pago de Lecaps por $ 9.600 millones.

El Gobierno restringió por seis meses la incorporación de personal en el Estado

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Lo hizo por decreto y la medida exceptúa a la AFIP, el Servicio Penitenciario Federal y las Universidades, entre otras dependencias. También habrá una revisión en los puestos actuales.

El Gobierno impuso restricciones a las designaciones en el sector público por un plazo de 180 días. La medida alcanza a las contrataciones que afecten fuentes de financiamiento presupuestarias en la Administración Nacional y los Entes Públicos en que el Estado tenga control mayoritario.

A través del Decreto 132/2020, publicado este martes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo justificó la decisión en el marco de “la necesidad de utilizar estratégicamente los recursos públicos y su asignación para hacer efectiva la gestión, así como para conformar adecuadamente las plantes de personal". En ese sentido se llamó a “priorizar” la prestación de los servicios a cargo del Estado Nacional, "en especial, de los necesarios para la atención de los sectores más vulnerados de nuestro país”.

Dicha restricción incluye a las designaciones a término en las Plantas Transitorias; las contrataciones por tiempo indeterminado, a plazo fijo, a tiempo parcial, y de trabajo eventual; las contrataciones para la prestación de servicios profesionales autónomos; las designaciones transitorias en cargos simples de planta, y las contrataciones de personal con o sin relación de dependencia, bajo cualquier modalidad previstas en estatutos especiales.

Quedan excluidos la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Servicio Penitenciario Federal, las Universidades Nacionales y las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

 


También hay otras excepciones: las designaciones en la planta permanente de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Central, "como resultado de procesos de selección ya iniciados o que se inicien en el futuro"; las prórrogas de designaciones transitorias y de contratos; las designaciones y contrataciones que se efectúen como consecuencia de cambios del régimen de prestación de servicios aplicable al personal de una jurisdicción o ente descentralizado, mientras no se afecte el presupuesto para tales fines; las designaciones en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, del Servicio Exterior de la Nación, del Cuerpo de Guardaparques Nacionales y del personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción; entre otros casos específicos.

En tanto, el decreto anuncia que durante 180 días la Secretaría de Gestión y Empleo Público deberá realizar un informe en el que consten las dotaciones de personal que conforman la planta permanente y transitoria, como así también del personal contratado en sus diversas modalidades de los organismos del Sector Público Nacional a los fines de contar con la información adecuada para optimizar la gestión de gobierno.

El decreto lleva las firmas de Alberto Fernández, Santiago Cafiero y Martín Guzmán.

Carlotto: "El negacionismo es un delito que deber ser penalizado"

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La titular de Abuelas de Plaza de Mayo adelantó por Radio 10 que le pedirá una audiencia al Gobierno para colaborar con el proyecto de ley que impulsa Alberto Fernández.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, consideró que el negacionismo es un delito que debe ser penalizado y adelantó que pedirá una audiencia al Gobierno para colaborar con el proyecto de ley que impulsa el presidente Alberto Fernández.

 

"Destruir o esconder archivos violenta la ley y es un delito de ocultamiento del terrorismo de Estado que debe ser penalizado", aseguró Carlotto en el "El fin de la metáfora" por Radio 10.

 

 

"Acá no hubo una guerra, hubo terrorismo de Estado y vamos a pedir una audiencia con la ministra de Justicia para ver en qué podemos contribuir", adelantó la titular de Abuelas.

Durante la gira que el presidente Alberto Fernández llevó a cabo por Europa, matuvo reuniones con organizaciones de derechos humanos de argentino residentes en Francia, y le pidieron que se lleve adelante un proyecto para penar a quienes nieguen que hubo crímenes de lesa humanidad.

Desde 1990 hay una norma vigente muy similar a la que se impulsaría en nuestro país, llamada Ley Gayssot, que surgió con el objetivo de limitar las posibilidades de negar el Holocausto.

Alberto Fernández desayunó con empresarios franceses

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El Presidente cumplió con su primera actividad oficial en Francia, en el marco de su gira europea en busca de apoyo para renegociar la deuda con el FMI.

El presidente Alberto Fernández mantuvo este miércoles un desayuno de trabajo con representantes de empresas francesas en la Embajada argentina en París, Francia, en el marco de su gira europea en la que busca apoyo para la renegociación de la deuda con el FMI. 

Fernández tuvo su primera actividad oficial en la capital junto a 40 empresarios, entre los que hubo representantes de Air France-KLM, L`Oreal, Groupe Suez, Havas y Almston Transport, entre otras compañías.

"Con Macri vivimos un 2001 por goteo", les dijo Fernández a los empresarios, en un juego comparativo con la severa crisis socio-política que atravesó el país hace 18 años, según relataron fuentes de la comitiva.

Además, el mandatario reseñó que la situación que heredó su administración "es, en números, peor en que en la post-convertibilidad".

"El 70 por ciento de la obra pública está paralizada", les respondió Fernández, como marca de la situación del país.

Más tarde, el Presidente visitará al economista Thomas Piketty en sus oficinas en el Center for Economic Policy Research, y luego se verá en el Palacio del Elíseo con su par local, Emmanuel Macron.

Fernández y su comitiva llegaron anoche al aeropuerto Charles De Gaulle, después de estar en Madrid, donde el mandatario se reunió con su par local, Pedro Sánchez, y el rey Felipe VI.

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